Estamos inmersos en una nueva fase de la crisis económica, social y financiera que estalló hace más de tres años y que en un primer momento afectó a la propia viabilidad de las entidades financieras. Ante esa eventualidad, los distintos gobiernos acordaron de forma unánime implementar planes de rescate, por lo que pusieron a disposición de bancos y cajas ingentes cantidades de dinero para que tales entidades bancarias pudieran hacer frente a sus graves problemas de financiación.
En esa fase, los medios de comunicación no hacían referencia alguna al déficit público ni a la austeridad necesaria y conveniente: el objetivo era salvar a las entidades financieras con recursos públicos. Posteriormente, vimos cómo con la segunda fase de la crisis las alarmas saltaron y nos anunciaron el grave peligro que acechaba a varios estados, que, incluso, llegó a cuestionar la propia viabilidad económica de los mismos.
Los organismos internacionales y la propia Unión Europea (UE) impusieron drásticos planes de rescate, como única alternativa económica y política para lograr la estabilidad de los estados amenazados. En tal sentido, Grecia, Irlanda, España, Portugal y hasta Italia, con la excepción de Islandia, donde su ciudadanía rechazó las imposiciones de la UE, han impuesto severos planes económicos basados en la reducción del gasto público, en la privatización de empresas, en reformas laborales lesivas para los trabajadores, en un recorte del sistema público de pensiones (ampliación de la edad de jubilación a los 67 años, incremento de los períodos de cómputo para fijar la base reguladora de la pensión, etcétera), así como la reducción de los impuestos directos y un aumento de los indirectos, entre otras medidas regresivas para las clases menos pudientes.
Nos dicen y nos repiten, una y otra vez, que tales medidas representan la única solución para salvar las economías de nuestros países... ¿Cómo puede ser que los mismos que nos impusieron sus propios planes de rescate, ahora, a través de sus agencias de calificación, nos dicen que nuestro país no es solvente y, en paralelo, incrementan nuestra prima de riesgo? Resulta curioso, y más si tenemos en cuenta que detrás de cada bajada de la nota de calificación de nuestra deuda pública se esconde una subida de los tipos de interés que los estados tienen que pagar a aquellos grupos financieros y especulativos que adquieren los títulos de deuda pública. Es decir, más fondos públicos hacia manos privadas.
¿Qué está pasando realmente? La versión oficial es que la crisis fue originada en Estados Unidos por las hipotecas subprime, usadas por las entidades bancarias como títulos de capitalización que eran comercializados en los mercados financieros y especulativos, obteniendo colosales rentabilidades económicas. Así, llegó un día en que los ciudadanos norteamericanos no pudieron hacer frente al pago de sus hipotecas, lo que conllevó que los activos hipotecados rebajasen su valor, lo que provocó el crack de Lehman Brothers. Pero tras la versión oficial está la otra parte de la verdad. En Estados Unidos, los ciudadanos tienen que financiarse su propio seguro privado sanitario, tener su plan de pensiones privado para que el día en que finalicen su vida laboral puedan disponer de pensión, abonar la educación de sus hijos, si se quedan en el paro tienen que acudir a créditos para hacer frente a sus necesidades vitales, ya que no disponen de una cobertura pública de prestaciones por desempleo. Es decir, para poder llevar a cabo su proyecto vital personal y familiar dependen de la financiación privada, lo que conlleva que toda la sociedad norteamericana esté endeudada. Y todo ello en un contexto en el que el movimiento sindical está sufriendo un durísimo ataque por parte de los grandes poderes económicos y políticos, incluida la denegación del derecho de negociación colectiva en algunos estados que conforman Estados Unidos.
La inmensa mayoría de los norteamericanos, huérfanos de un movimiento sindical fuerte y arraigado que defienda sus derechos económicos y sociales, acuden a las entidades financieras para tratar de conseguir unos préstamos que les permitan financiar sus necesidades más vitales, como son la salud, la educación, la vivienda y la pensión. Para ello deben abonar altísimos tipos de interés, que producen insultantes beneficios económicos a los bancos. En ese contexto, los grandes poderes económicos y financieros, que representan la máxima expresión del neoliberalismo más crudo y deshumanizado, lo que Joseph Stiglitz denomina como el «fundamentalismo de mercado».
En nuestro país, los más de cuatro millones de desempleados existentes, de los cuales casi la mitad carece de cobertura social, suponen una clara expresión del gigantesco crecimiento registrado en los últimos años en las desigualdades sociales; es decir, cada día aumenta el número de ciudadanos que viven mal, a la vez que cada vez hay más distancia entre quienes viven bien y quienes viven peor. Según los datos facilitados por el Observatorio Social, en lo que se refiere al mundo de la desigualdad, España sólo tiene por detrás a países como Portugal, Letonia, Lituania o Rumanía.
Los efectos perversos de las políticas antisociales desplegadas en los últimos casi cuatro años en los países de la UE y en los mismos Estados Unidos han impulsado la necesidad apremiante de que abordemos sin más esperas la elaboración de una propuesta que suponga la articulación de unas bases de un nuevo modelo económico, social y político que nos permita sustituir el sistema antisocial que se ha instalado en los últimos años en el contexto de la Unión Europea. Cada vez resulta más necesario la concreción de un nuevo modelo justo y equilibrado, que anteponga lo político a lo económico, la voluntad democrática a las imposiciones de los mercados, donde el papel del capital financiero se vea supeditado al interés público, donde se termine definitivamente con la división cada vez más acentuada entre una minoría cada vez más rica y la mayoría cada vez más empobrecida. Tenemos que volver a luchar con todas nuestras fuerzas por recuperar aquellas conquistas históricas del movimiento obrero que hoy han desaparecido o están en claro peligro de hacerlo, por un reparto más justo de la riqueza y del trabajo como el valor primordial y más apreciado de esa nueva sociedad ajena a las injusticias y a la explotación de las personas, en el marco del Estado del bienestar.
No debemos olvidar que los efectos más crueles que el modelo neoliberal ha traído consigo trascienden de lo económico, alcanzando la esfera política y social. Por tanto, iniciativas como la construcción de un nuevo marco de regulación mucho más justo, que atienda de manera principal las necesidades de la figura más desprotegida en la relación laboral, como es la del trabajador, el apoyo a una armonización fiscal y una verdadera política económica unitaria en el marco de la UE, la necesidad de que se graven fiscalmente las transacciones financieras internacionales, así como la necesaria obligación de auditar las deudas públicas y el establecimiento de controles en la actividad de las grandes empresas multinacionales, evitando los temidos casos de deslocalización industrial hacia zonas con menores costes laborales. Todo ello hace necesaria una acción conjunta del movimiento obrero internacional a través del reforzamiento de los organismos sindicales creados para ello. Para lo cual debemos promover alianzas entre el movimiento sindical y los colectivos sociales que luchan y reivindican por un mundo más justo, más solidario y más digno. Necesitamos recuperar los valores éticos y morales de progreso. Necesitamos apostar por la libertad y la igualdad como pilares fundamentales de una sociedad más justa, equilibrada y próspera. Debemos evitar, de una vez por todas, que una vez más los más débiles y los más desfavorecidos sean los auténticos paganos de una crisis que ni han generado ni han apoyado.
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